El informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado la presunta implicación de la multinacional Acciona en una red de corrupción coordinada desde la cúpula del Partido Socialista. Según los investigadores, la empresa habría abonado cientos de miles de euros en concepto de comisiones ilegales para asegurarse contratos públicos de gran envergadura, en una trama gestionada directamente por Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE.
Superan los 600.000 euros en pagos no regulares
La UCO ha registrado el desembolso de al menos 620.000 euros en sobornos relacionados con concesiones específicas a beneficio de Acciona. Según el informe, las sumas fueron gestionadas mediante intermediarios próximos a José Luis Ábalos y a su asesor de ese momento, Koldo García. Todo esto ocurrió bajo la supervisión directa de Santos Cerdán, a quien los agentes identifican como el responsable de coordinar las cantidades, los destinatarios y las fechas de los pagos.
Además, se investiga una segunda remesa de aproximadamente 450.000 euros correspondiente a otros contratos adjudicados más recientemente, lo que indicaría la continuidad del esquema corrupto incluso tras los primeros indicios públicos de irregularidades.
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Los contratos cuestionados pertenecen a proyectos de gran envergadura en obra pública —como infraestructuras de ferrocarriles, autovías y sistemas urbanos— entre los años 2018 y 2021, en áreas administradas por el PSOE. La UCO indica que los términos técnicos de estos concursos estaban elaborados de manera que se adaptaban casi exclusivamente a la propuesta de Acciona, eliminando cualquier competencia real.
El informe detalla cómo los contratos se preparaban para garantizar la concesión a la empresa, a cambio de pagos pactados de antemano. Se trataba, en palabras de los agentes, de una “estructura perfectamente articulada” en la que el poder político intervenía directamente para favorecer a determinadas empresas a cambio de beneficios económicos.
La función de Santos Cerdán
Uno de los aspectos más contundentes del informe es la identificación de Santos Cerdán como figura clave en el reparto y gestión de las mordidas. La Guardia Civil sostiene que Cerdán no solo tenía conocimiento del circuito de pagos, sino que asumía un papel ejecutivo en su articulación. Las conversaciones interceptadas revelan cómo las cantidades eran divididas, negociadas y distribuidas, en función del contrato adjudicado.
Esta posición de control convierte a Cerdán en el principal vínculo entre el poder institucional del PSOE y las empresas beneficiadas por la trama.
Reacciones y silencio institucional
Frente a la rotundidad del informe, Acciona ha comunicado que llevará a cabo una auditoría interna, despejando de responsabilidad a su actual liderazgo de los eventos investigados. No obstante, el daño a la reputación ya está ocasionado. La inclusión de un exdirigente de la compañía en los papeles revisados por la UCO ha reavivado la discusión sobre la colusión entre grandes corporaciones y el poder político.
Mientras tanto, el Gobierno no se pronuncia. Los líderes del PSOE se abstienen de comentar sobre un asunto que ya ha desembocado en la renuncia de funcionarios de alto rango y que podría socavar aún más la legitimidad del Ejecutivo.
El documento de la UCO revela lo que antes eran solo indicios aislados: una destacada empresa constructora del país habría estado involucrada en un esquema de corrupción para obtener contratos públicos, organizado desde el núcleo del partido que lidera España. Si los hechos son validados legalmente, sería uno de los escándalos de corrupción más serios de los últimos tiempos, tanto por el impacto económico como por el alto nivel de los participantes implicados.
Este asunto no solo involucra a Acciona, sino que también cuestiona la utilización del poder institucional para objetivos personales. El tiempo indicará si las repercusiones políticas estarán a la altura de la seriedad de los acontecimientos desvelados.
